Las alertas financieras se han encendido en el norte del país de forma contundente. El reconocido abogado Samuel García Mascorro se encuentra en el centro de una enorme controversia jurídica y política que involucra directamente a su círculo familiar más cercano. El panorama en el estado de Nuevo León no puede considerarse como un evento aislado o fortuito, pues durante los últimos cinco años la entidad se ha ido posicionando ante las agencias de inteligencia como la capital nacional del blanqueo de capitales asociados al mercado negro de energéticos. A la par de este alarmante contexto de lavado, la bancada del partido Morena en el Poder Legislativo local decidió interponer una formal denuncia por presunto enriquecimiento ilícito contra Samuel García, actual mandatario estatal, y contra diversos miembros de su familia consanguínea, un movimiento de alta presión política que busca de fondo la remoción definitiva del gobernador de su cargo.
Esta problemática cobró relevancia internacional debido a un informe estratégico y confidencial divulgado por el FinCEN, organismo dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. El citado documento de inteligencia vincula de forma explícita el tráfico de carburantes ilegales en la República Mexicana con la operación financiera de grandes cárteles de la droga, identificando con precisión a la zona metropolitana de Monterrey como un espacio geográfico clave bajo la fuerte injerencia de células criminales organizadas. Como resultado de este lucrativo fenómeno criminal, el número de compañías enfocadas en el rubro de los hidrocarburos asentadas en Nuevo León reportó un crecimiento desproporcionado. Dentro de este masivo universo de razones sociales bajo sospecha penal, las autoridades federales detectaron de manera explícita a un grupo de empresas que resultaron ser clientes directos del bufete fundado por Samuel García Mascorro y operado junto a sus descendientes.
La red jurídica bajo escrutinio por 1,781 millones de pesos
Las células de inteligencia financiera coordinadas desde la federación sostienen la hipótesis de que el mandatario neolonés ha percibido grandes cantidades de recursos de forma indirecta, estimando que el entorno del huachigobernador se encuentra bajo investigación por la suma global de 1,781 millones de pesos acumulados en la presente administración. Las auditorías contables demuestran que estos millonarios flujos monetarios experimentaron un incremento exponencial apenas treinta días después de que se consumara el cambio de gobierno en el estado. El dinero bajo sospecha vincula directamente las cuentas de los despachos familiares con firmas del sector privado que hoy enfrentan serios procesos penales e incautaciones por parte de la Fiscalía General de la República.
Las operaciones millonarias de García Mascorro y Asociados
Para canalizar las ganancias obtenidas por concepto de asesorías energéticas, en noviembre de 2021 se constituiría la razón social alternativa conocida como García Mascorro y Asociados, estableciendo su centro operativo en el piso 33 de la Torre Helicon, en San Pedro. Esta firma en específico declaró ante el fisco ingresos nominales por 144 millones de pesos en el transcurso del año 2024, seguidos por una facturación de 161 millones de pesos durante el ejercicio fiscal de 2025. El éxito de este esquema se basaba primordialmente en explotar lagunas fiscales y ofrecer fórmulas legales efectivas para el rescate y devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a favor de diversos expendedores de combustibles en el país. Sin embargo, la red completa abarca otros bufetes como Firma Jurídica y Fiscal Abogados, donde el mandatario estatal figura como socio, sumando la bolsa histórica investigada. Los negocios energéticos de este bufete alternativo representan el 26 por ciento de las ganancias globales de la red de Samuel García Mascorro.
Alerta federal por el lavado de dinero en San Pedro
Las agencias de la federación mantienen abiertas carpetas penales exhaustivas debido a que la consultoría fiscal de la familia continuó emitiendo facturas a contribuyentes de alto riesgo reputacional. El comportamiento fiscal de las empresas contratantes encendió alarmas por presunto lavado de dinero en San Pedro Garza García, un municipio que analistas catalogan como pieza fundamental para el blanqueo de activos ilícitos. Para las autoridades federales, seguir brindando protección legal o servicios mercantiles a corporaciones con cuentas congeladas y directivos prófugos podría sugerir desde una grave ignorancia corporativa hasta una abierta complicidad en operaciones de procedencia ilícita, algo que los tribunales deberán deslindar a la brevedad.
Las pesquisas sobre el contrabando de combustible en México
La línea de mando judicial que encabeza la Secretaría de Seguridad Ciudadana busca desarticular por completo las redes delictivas que operan el contrabando de combustible en México. La escala de la investigación federal es la más amplia registrada en la historia reciente, abarcando el escrutinio riguroso de más de 555 razones sociales por transacciones irregulares de refinados. Las indagatorias apuntan al rastreo sistemático de las redes logísticas que facilitan el contrabando de combustible de Estados Unidos a México, utilizando tanto transporte terrestre como buques e instalaciones aduaneras alteradas para evadir el pago de los impuestos correspondientes.
Detalle de las corporaciones involucradas en la investigación federal
Petrolíferos Lobo
Esta entidad mercantil se posicionó como el cliente más lucrativo para la oficina de los familiares del mandatario estatal. Los registros oficiales prueban la existencia de un total de 76 transacciones comerciales diferentes que sumaron depósitos superiores a los 258 millones de pesos, efectuados casi en su totalidad tras el inicio del actual gobierno local. Aunque se presentaba comercialmente como distribuidora de la firma tejana Valero con enlaces al Grupo Burgos de Reynosa, liderado por Jorge García Velasco, la FGR indaga el uso fraudulento de pedimentos aduanales. Sus operadores reales se ligan a los hermanos Fernández Cruz y a exdirectivos de Pemex vinculados a redes de tráfico de influencias políticas de primer nivel.
BSQ Global Corporation
Con sede operativa en la Torre Comercial América, esta firma es clasificada por la inteligencia financiera como uno de los actores de mayor peso en el mercado negro de hidrocarburos. Entre 2022 y 2024, transfirió sumas de 6.8 millones de pesos al despacho de la familia real. Actualmente, las autoridades mantienen abierto el folio de investigación 13173 por delincuencia organizada, evasión fiscal y falsificación de comprobantes fiscales. Trascendió que la compañía presuntamente contaba con protección de altos exfuncionarios de gobernación y exdelegados de la fiscalía en Nuevo León, apareciendo en el mismo expediente de Tabasco Capital, un vehículo de lavado vinculado a células delictivas y empresarios casineros.
Autotransporte de Cargas Especializados MARVIC
Esta corporación transportista mantiene operaciones verificables con el bufete de los Samueles desde inicios de 2022. Su dueño, José Víctor Pablos Vélez, alias “El Güero MARVIC”, es investigado formalmente desde 2021 por dirigir extensas redes de tráfico de refinados. La compañía quedó expuesta públicamente tras la explosión de una destiladora de diésel en Cadereyta y el histórico decomiso federal de 550 vagones tanque cargados con combustible ilegal introducido por buques a través del puerto de Tampico, en complicidad con firmas logísticas extranjeras.
Maquiladora de Lubricantes
Esta firma representa uno de los nexos más comprometedores, habiendo pagado más de 15 millones de pesos por concepto de honorarios profesionales al bufete. Emitió su primera factura el 24 de noviembre de 2021, apenas unas semanas después del inicio de la gestión estatal y cuatro meses después de que la FGR iniciara una investigación en su contra. La corporación fue objeto de cuatro cateos simultáneos que culminaron con la aprehensión de su propietario, Jesús Ricardo Puente, señalado como presunto cabecilla de “Los Petrofactureros”, una red que operaba con 40 empresas fachada para simular actividades comerciales y logísticas de combustibles.
NRA Latinoamérica
Esta firma energética constituye la quinta corporación identificada en los reportes de facturación del bufete familiar. De acuerdo con los registros hacendarios en poder de las autoridades federales, la compañía ha facturado una suma de 78.4 millones de pesos hacia el despacho. Las investigaciones analizan el alcance de estas igualas mensuales en el marco de la explotación de beneficios y estímulos fiscales vinculados al manejo de los hidrocarburos.
Postura oficial del Gobierno de Nuevo León
Ante el impacto en la opinión pública, la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno de Nuevo León emitió un deslinde oficial mediante un comunicado de prensa, remarcando que el gobernador no posee ninguna participación accionaria ni comercial dentro de la firma fiscal alternativa. Sostienen que el bufete brinda asesorías legítimas de buena fe a una gran playa de clientes y que las actividades operativas de las empresas no son responsabilidad legal ni moral de los asesores contables, enfatizando que sus parientes siempre actúan con honestidad y profesionalismo. La resolución final de este juicio histórico quedará bajo la determinación de los tribunales federales del país.
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