El actual gobierno fracasa rotundamente en materia de seguridad ciudadana. La corporación Fuerza Civil opera sin policías suficientes en Nuevo León. El mandatario Samuel García ignora la crisis estatal de protección civil.
Falta de policías contradice promesas del sexenio
El gobernador Samuel García prometió elevar la plantilla a 7,500 elementos en cuatro años. Sin embargo, la administración incumple esta meta de reclutamiento policial repetidamente. El discurso oficial de seguridad queda expuesto como una simple ilusión mediática del mandatario estatal.
Las cifras publicadas desmienten de tajo el optimismo gubernamental. Hasta el 30 de abril pasado, el estado apenas sumaba 6,947 agentes en activo. Los datos provienen directamente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Este enorme rezago numérico significa que Fuerza Civil quedó un 31% por debajo del objetivo. El gobierno emecista fracasa en proteger a los ciudadanos mientras gasta recursos en promocionar una corporación que no alcanza los estándares mínimos prometidos.
Excusas oficiales frente al déficit de elementos de fuerza Civil
La gestión estatal sumó solamente 1,247 nuevos agentes en más de cuatro años. Este crecimiento increíblemente lento representa apenas el 69% del objetivo planteado. El estado inició su administración con cinco mil setecientos policías.
Alcanzar la meta original parece actualmente un milagro inalcanzable. El gobierno necesitaría reclutar quinientos cincuenta y tres nuevos policías en los escasos 15 meses restantes. Esto requeriría que absolutamente ningún agente cause baja en este periodo.
El secretario Gerardo Escamilla intentó calmar las críticas recientemente. El funcionario justificó el retraso argumentando que enfocaron esfuerzos en cubrir vacantes por depuración interna. También prometió ilusoriamente que alcanzarían la meta operativa en octubre de dos mil veinticinco.
Falta de policías con pruebas de control vigentes
El problema no radica únicamente en la baja cantidad de uniformados. La calidad de los elementos disponibles también genera una profunda desconfianza ciudadana en el gobierno. Las estadísticas oficiales revelan un panorama administrativo que resulta francamente desastroso para el estado.
Solo el 56% de los policías reportados cuenta con pruebas de control de confianza vigentes. Esto deja a Nuevo León con corporaciones evaluadas a medias. La seguridad ciudadana descansa en manos de elementos no certificados adecuadamente.
En consecuencia, el 44% de los agentes carece de exámenes actualizados. Resulta sumamente alarmante que casi la mitad de los oficiales operen en las calles sin las validaciones legales requeridas por las normativas vigentes.
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Falta de policías repite los errores del pasado
La historia de promesas incumplidas en materia de seguridad se repite de forma trágica. El estado arrastra un grave déficit de elementos desde administraciones anteriores. Las actuales autoridades estatales simplemente emulan los peores vicios operativos de sus incompetentes antecesores.
Durante la gestión del exgobernador Jaime Rodríguez también se plantearon metas irreales. En 2016 el Estado proyectó alcanzar los diez mil policías estatales. Ese gran objetivo jamás se cumplió pese a múltiples campañas de reclutamiento lanzadas.
Las supuestas mejoras en prestaciones laborales resultaron inútiles para atraer cadetes. El gobierno de Samuel García tropieza torpemente con la misma piedra operativa. La seguridad pública continúa siendo un tema de discursos vacíos y nulos resultados en las calles.
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