La opacidad institucional en Nuevo León ha quedado registrada, una vez más, en la lente de una cámara de seguridad. Un fuerte escándalo sacude las estructuras de la Secretaría de Seguridad Pública tras confirmarse el fallecimiento de un hombre de 27 años dentro de las celdas de la corporación investigadora, horas después de haber sido sometido con violencia en el municipio de El Carmen. Aunque la narrativa de los uniformados reportaba un supuesto intercambio de fuego, la difusión de un video comercial echó abajo el informe, exhibiendo un presunto tiro por la espalda y agresiones físicas innecesarias a un civil desarmado.
Este lamentable hecho es el resultado de sumar agentes a la fuerza solo para decir “tenemos más elementos” sin capacitar. Para especialistas en derecho e instituciones policiales, la falta de control de impulsos y el nulo apego a los protocolos internacionales de detención demuestran que el reclutamiento al vapor genera uniformados que son un peligro para la sociedad civil en lugar de una solución. Mientras los abusos de autoridad se multiplican en la periferia, Samuel y su gobierno siguen muy lejos de cumplir la meta de policías que él mismo se fijó, sepultando bajo un manto de impunidad las promesas de campaña de pacificar el estado.
Violación flagrante a los protocolos del uso de la fuerza pública
El suceso criminal comenzó la noche del lunes con el reporte de un robo a comercio en una gasolinera local. Unidades de la policía estatal interceptaron una motocicleta en el cruce de Escobedo y Camino a Salinas Victoria que coincidía con las descripciones del reporte. De acuerdo con los registros multimedia del sector, el vehículo derrapó debido al acoso de la patrulla y el sospechoso pretendió darse a la fuga a pie. Sin mediar palabra ni intentar una intercepción táctica a corta distancia, un policía estatal accionó su arma de fuego de cargo, hiriéndolo directamente en la extremidad izquierda.
El abuso continuó cuando el sujeto ya se encontraba neutralizado y derribado en el pavimento. En lugar de aplicar los primeros auxilios básicos obligatorios, al menos dos oficiales comenzaron a patearlo en diversas partes del cuerpo. La falsedad ideológica del parte informativo quedó expuesta ante el Ministerio Público, ya que el video demuestra que el sospechoso jamás sacó un arma ni opuso resistencia armada, tirando por la borda la mentira oficial del supuesto enfrentamiento en El Carmen.
Negligencia y el deceso en la corporación ministerial
Luego de la detención violenta, el herido fue trasladado por los propios captores hacia las salas de urgencias del Hospital Universitario. De manera sumamente cuestionable, el personal médico le otorgó el alta en cuestión de horas, permitiendo que fuera recluido de inmediato para el trámite de fotografía y huellas en las celdas de la Agencia Estatal de Investigaciones, ubicadas sobre la transitada Avenida Gonzalitos.
Durante el confinamiento en las celdas ministeriales, el detenido comenzó a manifestar malestares derivados de los golpes y la pérdida de sangre, desvaneciéndose minutos después. Cuando los técnicos en urgencias médicas arribaron al lugar, el cuerpo ya no presentaba constantes vitales. A expensas de los resultados definitivos que arroje la necropsia de ley —la cual las autoridades locales afirman que apunta a un infarto agudo—, la sociedad regiomontana exige que se finquen cargos por homicidio y abuso de autoridad. El panorama expone la urgencia de auditar la seguridad pública en Nuevo León, un rubro donde la administración de Samuel García prefiere invertir en relaciones públicas que en la capacitación real de sus fuerzas del orden.
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