Después de promover durante años la construcción de un viaducto elevado sobre Morones Prieto, el Gobernador de Nuevo León, Samuel García, cambió de postura y afirmó que la obra no será realizada. En una reunión privada de la Comisión Ambiental Metropolitana (CAME), el mandatario declaró que el proyecto no es responsabilidad del Estado, sino de una empresa privada, y justificó su cancelación señalando que generaría problemas viales justo cuando la ciudad se prepara para recibir partidos del Mundial 2026.
Estas declaraciones representan un viraje drástico respecto a sus propios actos y discursos de años anteriores, donde impulsó públicamente la iniciativa como parte de su paquete de infraestructura estatal. Ahora, bajo un nuevo discurso, el Gobernador afirma que “nunca se pensó” hacer el viaducto desde el Gobierno.
Argumenta afectación por el Mundial
La explicación que dio Samuel García para frenar el proyecto se centró en el tráfico que podría provocar su construcción en una de las avenidas más transitadas del área metropolitana. Según el mandatario, realizar la obra en este momento implicaría cerrar Morones Prieto durante un evento global como el Mundial, lo que podría generar un “colapso vial”.
En su intervención, que fue grabada en video por su propio equipo de comunicación y difundida tras la reunión, García también expresó que no está descartado que una futura administración retome el proyecto: “No sé el siguiente Gobernador en dos años si se vaya a animar o no”.
Samuel impulsó el viaducto elevado
A pesar del intento por desmarcarse del viaducto, el propio Gobernador lo presentó como obra pública en marzo de 2023, durante una reunión con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC). Además, en octubre de ese mismo año, descalificó a los grupos ciudadanos que se oponían a la obra llamándolos “loquitos y loquitas”, y afirmó que no escucharía sus objeciones.
En septiembre, incluso encabezó un recorrido por Morones Prieto para anunciar el inicio de los estudios técnicos y geológicos, mostrando la maquinaria que haría los trabajos de sondeo. Fue en ese momento que el Gobierno del Estado, a través de la Red Estatal de Autopistas, ingresó el trámite de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) ante la Semarnat, trámite que a la fecha sigue sin resolución.
Coincide con plan de “protección” al Río
El anuncio de la cancelación del viaducto se dio apenas un día después de que el Gobierno del Estado publicara en el Periódico Oficial un acuerdo en el que declara al Río Santa Catarina como área natural protegida. Según ese documento, cualquier tipo de construcción en el cauce estaría prohibida.
Sin embargo, colectivos como Un Río en el Río han señalado que dicha publicación no equivale a una declaratoria oficial, sino a un aviso de intención sin sustento legal firme. El momento en el que se hacen ambos anuncios ha generado suspicacias sobre si el giro en el discurso del Gobierno responde a razones técnicas, ambientales o simplemente a una necesidad política de salir bien librado ante la presión social.
Mientras tanto, la falta de claridad sobre quién promovió el proyecto, quién lo financió y por qué se frenó, mantiene abierta la discusión pública sobre la transparencia en el uso de los recursos y la planeación metropolitana.
La marcha atrás en el viaducto de Morones Prieto revela inconsistencias en la narrativa oficial y plantea dudas sobre la seriedad con la que se toman decisiones de alto impacto urbano en Nuevo León. La falta de claridad entre lo dicho, lo hecho y lo anunciado abre un nuevo capítulo en la discusión sobre el futuro de la movilidad y el respeto al entorno natural en la metrópoli.
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