La obsesión por presumir avances ficticios en plataformas digitales terminó por pisotear la legalidad urbana en la capital regia. Para el gobernador Samuel García, los reglamentos de desarrollo urbano y las normas de construcción representaron simples trámites desechables cuando se trató de alimentar su narrativa personal.
La imposición de la línea 4 metro se ha convertido en el ejemplo más alarmante de obras sin permiso en Nuevo León, donde la maquinaria pesada del Estado avanzó por encima de las leyes municipales, cobijada en la prepotencia de una administración que, a doce meses de haber reventado el subsuelo, sigue sin mover un solo dedo para reparar el desastre.
Soberbia estatal y permisos “a la palabra”
Desde el arranque de los trabajos, el mandatario operó con una total falta de transparencia y planeación técnica. En lugar de someter el trazo a estudios rigurosos y tramitar las licencias correspondientes ante las autoridades de Monterrey, el Ejecutivo estatal prefirió tomar las avenidas principales mediante acuerdos informales y autorizaciones “a la palabra”. Esa manera improvisada y soberbia de ejecutar obra pública vulneró la soberanía técnica del municipio y dejó en total desamparo a automovilistas y peatones.
La lógica de Samuel García fue clara desde el inicio: perforar primero y pedir perdón después. Respaldado por el aparato de Movimiento Ciudadano, el gobernador ignoró la obligatoriedad de presentar dictámenes de impacto, peritajes viales y análisis de mecánica de suelos aprobados por las áreas técnicas competentes. Todo se sacrificó para montar eventos mediáticos con renders vistosos, ocultando deliberadamente que en el terreno operativo los constructores no contaban con una sola autorización oficial que respaldara la seguridad del viaducto elevado.
Un año de abandono tras perforar el colector mayor
El costo de perforar la metrópoli a ciegas se cobró muy pronto y de manera subterránea. Al no operar con planos autorizados ni someterse a la supervisión municipal, las perforadoras del consorcio Mota-Engil penetraron el asfalto hasta provocar un colapso pluvial histórico: los pilotes atravesaron el gran colector de Constitución y Venustiano Carranza, una infraestructura estratégica de cuatro metros de diámetro y dos kilómetros de longitud que desfoga caudales masivos hacia el Río Santa Catarina.
Hoy se cumple exactamente un año desde que este desastre quedó al descubierto ante la opinión pública, y el panorama bajo tierra sigue idéntico. A lo largo de doce meses completos, la administración estatal no ha colocado un solo parche de concreto en la cavidad fracturada. Lejos de tratarse de un incidente menor, los peritajes evidenciaron casi treinta afectaciones directas a banquetas, drenajes y pavimento. Pese a la gravedad del peligro latente, la orden del gobernador fue clara: continuar montando columnas a marchas forzadas para sus transmisiones en vivo, ignorando por completo la perforación que mantiene en riesgo de inundación al centro y poniente de Monterrey.
Encubrimiento oficial y cálculo político
Cuando la fractura subterránea se hizo inocultable, el gobierno estatal activó una estrategia de control de daños plagada de justificaciones absurdas. El brazo ejecutor del gobernador en el ramo, Hernán Villarreal, titular de la Secretaría de Movilidad, intentó apagar el incendio declarando que existía un plan acordado para subsanar los daños. No obstante, las declaraciones del funcionario solo confirmaron la complicidad de la dependencia con el actuar irregular del consorcio constructor, pues las obras de remediación jamás comenzaron.
Villarreal llegó al extremo de asegurar en comparecencias que el ducto dañado gozaba de una capacidad “sobrada” y que los destrozos provocados por la línea 4 metro no representaban peligro alguno. Detrás de ese argumento falaz se esconde la verdadera consigna dictada desde el despacho del gobernador: postergar las reparaciones mayores hasta después de las elecciones para eludir el enojo social que generarían cierres viales masivos. Mientras tanto, el agua sigue carcomiendo la estructura perforada, perfilando una herencia catastrófica para la próxima administración.
Este caso desnuda el estilo autoritario que impera en la actual administración estatal. Las obras sin permiso en Nuevo León son el resultado directo de un gobernante que antepone la vanidad personal al bienestar colectivo. Al imponer la línea 4 metro al margen de la ley municipal, solapar a Hernán Villarreal y cumplir un año entero tolerando que el ducto continúe destrozado sin mover un dedo, Samuel García y la cúpula de Movimiento Ciudadano demuestran que prefieren cuidar sus intereses electorales antes que proteger a la ciudadanía de una catástrofe pluvial.
¿Consideras que Samuel García debería frenar de inmediato la obra para reparar el pluvial o crees que el Estado seguirá ignorando el daño para no admitir su culpa?
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