Luis Castillo, activista que participó en una manifestación contra el alza en las tarifas del transporte público, continúa enfrentando medidas cautelares que, según su colectivo, reflejan una estrategia de represión por parte del Gobierno estatal. El grupo ciudadano La Voz de los Usuarios exigió este lunes que se ponga fin al proceso legal en su contra, al considerar que el caso simboliza una grave amenaza al derecho a la protesta en Nuevo León.
Durante una concentración realizada en la zona centro de Monterrey, los integrantes del colectivo insistieron en que lo ocurrido el 19 de abril —cuando Castillo fue detenido frente al Palacio de Gobierno durante una movilización— no puede considerarse un acto delictivo, sino una expresión legítima de inconformidad ciudadana.
Colocan toldo, bloquean carriles y alzan la voz
En el cruce de Venustiano Carranza, entre Espinoza y Manuel María del Llano, decenas de manifestantes colocaron un toldo y cerraron parcialmente la circulación para pronunciarse públicamente. La exigencia fue clara: que el Gobernador retire las acusaciones contra Castillo y que el juez de control reconsidere la medida cautelar que le impuso, la cual incluye el uso de un brazalete electrónico.
“Esta medida es desproporcionada”, señaló Castillo, quien participó en el acto. “No soy un criminal. Ejercí mi derecho a manifestarme pacíficamente. Hoy se me trata como un riesgo para la sociedad, cuando el verdadero riesgo es reprimir al que alza la voz”.
Presión desde el poder, acusan
Según sus declaraciones, el Gobernador Samuel García tiene conocimiento suficiente para saber que detrás de su protesta no hay intereses ocultos ni vínculos políticos. Aseguró que actúa por convicción propia y que no es parte de ningún grupo financiado. “Estoy convencido de que el Gobernador entiende eso. Sin embargo, usa el poder del Estado para castigarme”, expresó.
El activista aprovechó el acto para enviar un mensaje directo al juez que lleva su caso: “Le pido que no judicialice el derecho a la protesta. Necesitamos jueces que actúen con independencia, no que ejecuten decisiones políticas”.
Protesta sin armas, pero con consecuencias
Itzel Gallegos, una de las voces del colectivo, recordó que la protesta del 19 de abril fue completamente pacífica. “Estábamos ahí para defender el bolsillo de la gente, sin violencia, sin armas. Lo que recibimos a cambio fue hostigamiento y detenciones”, dijo.
La integrante relató que han tenido que movilizarse constantemente para visibilizar lo que consideran una injusticia. “Nos han señalado, pero no nos van a callar”, afirmó.
Señal de alerta para la sociedad
Lo que está en juego, dijeron los integrantes del colectivo, no es únicamente la libertad de Luis Castillo, sino el mensaje que se envía a toda la sociedad: protestar puede costarte un proceso penal. Por eso, exigen que se ponga un alto al uso del aparato judicial como herramienta de castigo contra quienes se oponen a decisiones impopulares.
Advirtieron que seguirán movilizándose hasta que se revoquen las acciones legales y se reconozca que manifestarse no puede ser tratado como un delito. “Defender el derecho a la protesta es defender nuestra democracia”, puntualizaron. ¿Te interesa conocer más sobre el caso? Lee el siguiente artículo: Vinculan a proceso a Luis “N”, activista detenido en manifestación contra el alza de tarifas
