- Iniciativa para reformar el pago electrónico en transporte
- Usuarios con discapacidad sin opciones
- Estudiantes ambién son afectados en el transporte de Nuevo León
- Protestas y acciones legales
Las políticas de movilidad implementadas en el transporte de Nuevo León han generado fuertes críticas por excluir a grupos prioritarios como personas mayores, usuarios con discapacidad y estudiantes. La imposición del cobro electrónico como único método de pago ha dificultado el acceso al transporte público en el Área Metropolitana de Monterrey (AMM), afectando a quienes no cuentan con tarjetas digitales ni dispositivos móviles.
Iniciativa para reformar el pago electrónico en transporte
El 25 de junio, activistas y representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) entregaron al Congreso estatal una propuesta para reformar los artículos 4, 70 y 144 de la Ley de Movilidad. El objetivo es permitir que las personas puedan elegir la forma de pago al usar el transporte público, después de que la normativa actual estableciera el cobro exclusivamente electrónico.
Usuarios con discapacidad sin opciones
Durante una audiencia pública, adultos mayores y personas con discapacidad denunciaron la imposibilidad de pagar en efectivo y el desmantelamiento de tarifas preferenciales. La tarjeta “Me Muevo” y la app “Urbani” no son accesibles para todos, especialmente en zonas con escasos puntos de recarga o sin acceso a internet.
Lydia Reyna, adulta mayor, expresó sentirse discriminada y limitada en su derecho a la movilidad, mientras que María Mercedes, usuaria de silla de ruedas, destacó las fallas en las rampas y la falta de acompañamiento, además de problemas con la app para pagar.
Estudiantes ambién son afectados en el transporte de Nuevo León
Los estudiantes enfrentan obstáculos adicionales. Solo los alumnos de la UANL cuentan con tarifas preferenciales, dejando fuera a estudiantes de otras universidades y a niveles básicos como secundaria. La falta de descuentos impacta directamente en el gasto familiar y en la asistencia escolar. La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías (ENDUTIH) revela que más de 24 millones de personas en México no tienen teléfono celular, lo que agrava el problema de exigir pagos electrónicos.
Protestas y acciones legales
La CEDHNL emitió en 2024 una recomendación por violaciones a derechos fundamentales, incluyendo el acceso a la educación, salud y movilidad. Colectivos ciudadanos han presentado amparos contra el alza de tarifas y la exclusividad del pago electrónico, cuestionando la legalidad de los procesos y la falta de consultas públicas. Las denuncias señalan irregularidades en la administración, como la acumulación de cargos en el Instituto de Movilidad y Metrorrey.
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