A tres meses de su conformación, la Comisión Ambiental Metropolitana (CAMe) de Nuevo León continúa sin mostrar avances claros en la lucha contra la grave crisis de contaminación que afecta a la entidad. Desde su instalación oficial el 3 de marzo, esta comisión ha sostenido nueve sesiones en las que, según denuncias de activistas y expertos, los resultados han sido mínimos y las acciones efectivas prácticamente nulas.
El órgano fue creado con la participación de autoridades estatales y municipales, además de representantes del gobierno federal, como Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Su objetivo principal era coordinar esfuerzos entre los distintos niveles de gobierno para aplicar políticas que mitigaran la mala calidad del aire en el área metropolitana de Monterrey. Sin embargo, hasta ahora los anuncios han sido limitados y en muchos casos no se han materializado en acciones concretas.
Avances limitados y sin seguimiento
Una de las pocas acciones tangibles por parte de la comisión fue la presentación, el pasado 31 de marzo, de un protocolo de actuación en contingencias atmosféricas, en el que supuestamente participarían los tres niveles de gobierno. Sin embargo, organizaciones ciudadanas señalan que el protocolo no ha sido socializado y que pocos ciudadanos conocen cómo funciona o cuándo se activa.
Otra de las propuestas discutidas, aunque aún sin implementación, ha sido el escalonamiento de horarios laborales para reducir el tráfico vehicular. Así lo declaró el secretario de Movilidad estatal, Hernán Villarreal, durante una mesa de trabajo el 29 de abril. También mencionó la intención de establecer como obligatorio el uso del transporte escolar, con el fin de disminuir la cantidad de vehículos particulares en circulación durante las mañanas. Hasta ahora, estas ideas siguen en etapa de análisis sin una fecha clara para su puesta en marcha.
Propuesta de la Comisión Ambiental genera críticas
Durante la más reciente sesión de la CAMe, celebrada el pasado 26 de mayo, el gobernador Samuel García presentó la propuesta de crear una División Ambiental dentro de Fuerza Civil, la cual estaría encargada de sancionar delitos graves contra el medio ambiente. Aunque la propuesta fue bien recibida por algunos sectores, otros la consideran más simbólica que efectiva.
La activista Liliana Flores, integrante del colectivo Grupo de las Seis, declaró que esta propuesta ha sido el único elemento destacable en los tres meses de existencia de la comisión. No obstante, criticó que no se haya generado una política integral con metas claras, ni mecanismos de evaluación ciudadana. Aseguró que los avances han sido insuficientes frente a una problemática tan grave como la que enfrenta Nuevo León.
Falta de transparencia y promesas incumplidas
Una de las principales críticas hacia la Comisión Ambiental ha sido la falta de transparencia. De las nueve sesiones realizadas desde su instalación, solo dos han sido abiertas al público: la de arranque, el 3 de marzo, y otra el 12 de mayo. En esta última, el gobierno estatal anunció una multa de 80 millones de pesos a Ternium, tras confirmar que la empresa contaminó el arroyo La Talaverna.
Fuera de esos anuncios, la mayoría de las reuniones se han desarrollado a puerta cerrada, lo cual ha generado desconfianza entre colectivos ciudadanos y expertos en temas ambientales. La falta de información clara y la poca accesibilidad a los avances de la comisión han sido señaladas como barreras para el monitoreo y exigencia ciudadana.
A ello se suman pendientes importantes. El gobernador Samuel García prometió desde el inicio una coordinación efectiva entre el estado y los municipios para disminuir las emisiones vehiculares. También planteó la posibilidad de retirar de circulación a los automóviles más contaminantes. Sin embargo, ninguna de estas medidas se ha llevado a cabo, ni existe un calendario definido para su posible implementación.
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