La Auditoría Superior de la Federación (ASF) publicó un informe que señala un presunto desfalco de 2 mil millones de pesos en Nuevo León, ocurrido durante el gobierno encabezado por Samuel García. Las observaciones destacan deficiencias graves en el manejo de recursos provenientes de Participaciones Federales, fondos asignados a los estados en función de su recaudación fiscal.
Estas irregularidades, incluidas en la Tercera Entrega de la Cuenta Pública 2023, ponen en duda la capacidad del gobierno estatal para garantizar un uso transparente y eficiente del dinero público. Según la ASF, la administración local habría incumplido diversas leyes de contabilidad gubernamental, adquisiciones y disciplina financiera.
Inconsistencias detectadas por la ASF
Entre los principales hallazgos del informe destacan las siguientes irregularidades:
- Contratos con discrepancias financieras: Se identificaron contratos cuyos montos eran inferiores a las cifras registradas en las cuentas bancarias, con diferencias que ascienden a más de mil 354 millones de pesos.
- Pagos a empleados dados de baja: 201 trabajadores estatales continuaron recibiendo salarios a pesar de haber sido removidos oficialmente, lo que representó un daño al erario de 10.8 millones de pesos.
- Nóminas fantasmas: Se detectaron pagos irregulares a 12 mil 370 empleados ficticios, generando un gasto injustificado de 154.4 millones de pesos.
- Despensas no comprobadas: La ASF reportó una posible malversación de 5.5 millones de pesos destinados a la compra de despensas por parte del DIF estatal, ya que no existía documentación que respaldara su entrega a los beneficiarios.
Plazo para aclarar las anomalías
La Auditoría otorgó al gobierno estatal 60 días para solventar estas observaciones. En caso de no ofrecer aclaraciones satisfactorias, el caso podría derivar en investigaciones más profundas y la presentación de denuncias ante la Fiscalía General de la República.
Críticas a la gestión de Samuel García
Estos señalamientos representan un fuerte golpe a la imagen de Samuel García, quien llegó al poder prometiendo un gobierno más transparente y eficiente. Las inconsistencias reveladas por la ASF ponen en entredicho esas promesas, al mismo tiempo que refuerzan las críticas de aquellos que cuestionan la capacidad del gobernador para administrar los recursos públicos.
La publicación de este informe no solo exige acciones inmediatas para corregir las fallas detectadas, sino que también subraya la necesidad de implementar mecanismos más rigurosos de control y vigilancia para garantizar un manejo adecuado de los fondos destinados a la ciudadanía.
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