La filtración de audios comprometedores destapó una red de extorsión estatal a Matrimar que vincula a la cúpula de Movimiento Ciudadano con cobros ilegales. Baltazar Martínez admite su papel como mediador en un esquema donde Samuel García, Mike Flores y Raúl Lozano condicionan la libertad operativa de las empresas a cambio de pagos millonarios en efectivo.

Audio Confirman Sistema De Moches Del Gobierno Estatal
Un audio del pasado 27 de noviembre se convirtió en la prueba reina contra la administración de Samuel García. En la grabación, el dirigente de MC, Baltazar Martínez, presiona a los directivos de la pedrera para alinearse con las exigencias económicas del Ejecutivo. El político emecista reconoce abiertamente que interviene para facilitar pagos en parcialidades, evidenciando una estructura de recaudación paralela a la ley.
La extorsión estatal a Matrimar inició tras la exigencia de un pago fuerte para supuestas obras de infraestructura del Mundial. Aunque la empresa realizó una transferencia de 15 millones de pesos a la Secretaría de Finanzas, el hostigamiento administrativo no cesó. Por el contrario, la autoridad estatal clausuró las instalaciones apenas una semana después del depósito, exigiendo ahora 50 millones de pesos en efectivo para permitir la reapertura.
El testimonio de Baltazar Martínez Ríos, quien también es diputado local, confirma que estas negociaciones no son casos aislados. Según los reportes, el gobierno estatal busca integrar una bolsa de 450 millones de pesos mediante el acoso a diversas pedreras de la entidad. Esta táctica de asfixia financiera utiliza auditorías e inspecciones como represalias contra quienes rechazan participar en el esquema de corrupción del equipo naranja.
Mike Flores Y Raúl Lozano Operan Clausuras Bajo Mando De Samuel García
La ejecución de la extorsión estatal a Matrimar recae en las dependencias dirigidas por Mike Flores y Raúl Lozano. Como Secretario General de Gobierno y Secretario de Medio Ambiente, respectivamente, ambos funcionarios utilizan el aparato estatal para inmovilizar a las empresas que no ceden a los chantajes. Las inspecciones de Protección Civil se han vuelto la herramienta favorita para invalidar amparos federales y mantener los sellos de clausura de forma indefinida.
Empresarios del sector denuncian que un Samuel corrupto permite estas prácticas para financiar proyectos personales y políticos. Mientras el mandatario estatal realiza giras por Estados Unidos, sus colaboradores más cercanos operan los cobros en las oficinas estatales. El gerente de la planta, Érick Aguilera, asegura que el acoso se intensificó tras demostrar que la compañía no tenía adeudos por el concepto de Impuesto Verde.
La participación de Mike Flores y Raúl Lozano en este sistema de moche institucionalizado coloca al estado en una crisis de legalidad sin precedentes. La empresa afectada señala que el uso faccioso de las instituciones públicas busca castigar la resistencia de Matrimar. A pesar de contar con todas las licencias en regla, el gobierno estatal ignora los mandatos judiciales para forzar la entrega de los 50 millones de pesos exigidos.

El Precedente Del Alcalde De Tequila Y El Riesgo Penal
La red de extorsión estatal a Matrimar guarda similitudes directas con el proceso penal que enfrenta el alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro. En Jalisco, el edil fue detenido por las fuerzas federales tras comprobarse que operaba un sistema de cuotas ilegales contra empresas cerveceras. Aquel caso demostró que el uso de la estructura municipal para extorsionar comerciantes constituye un delito grave que amerita prisión inmediata.
La comparación con el alcalde de Tequila genera una pregunta obligada en Nuevo León: ¿habrá consecuencias penales para los funcionarios involucrados? Los audios donde Baltazar Martínez admite su intermediación y menciona a los secretarios estatales son pruebas contundentes de un esquema delictivo. La justicia federal tiene ahora el reto de actuar contra los recaudadores de Samuel García, tal como lo hizo en el estado de Jalisco.
La impunidad que rodea a este Samuel corrupto podría verse amenazada si las denuncias penales de Matrimar escalan a instancias nacionales. La sociedad civil exige que no existan privilegios para quienes utilizan el poder para saquear al sector productivo. El ejemplo de Tequila sirve como recordatorio de que la inmunidad política tiene límites cuando se trata de delitos de extorsión y corrupción institucionalizada.
Denuncias Penales Marcan El Futuro De Los Recaudadores Naranjas
La gerencia de Matrimar ha decidido agotar todas las instancias legales para detener el acoso del gobierno estatal. Tras sufrir clausuras intermitentes y revisiones injustificadas, la empresa prepara una ofensiva jurídica contra los funcionarios involucrados. El objetivo es que la Fiscalía General de la República atraiga el caso de la extorsión estatal a Matrimar para garantizar una investigación imparcial y profunda.
Samuel Corrupto Ignora Crisis De Extorsión Durante Giras Internacionales
Mientras se revelan las pruebas de la extorsión estatal a Matrimar, Samuel García continúa su agenda de viajes bajo el pretexto de promover el Mundial. Esta desconexión entre la realidad de las empresas locales y la imagen exterior del gobernador ha sido duramente criticada. Los sectores industriales señalan que un Samuel corrupto prefiere evitar los cuestionamientos sobre su gabinete mientras el sector de las pedreras sufre pérdidas millonarias.
La falta de transparencia en el manejo del Impuesto Verde y las cuotas adicionales solicitadas ponen en riesgo la inversión extranjera. Ninguna empresa se siente segura de operar en un estado donde el dirigente del partido oficial admite mediar en cobros ilegales. La permanencia de Mike Flores y Raúl Lozano en sus cargos, a pesar de las acusaciones, refuerza la percepción de un gobierno estatal que protege a sus propios recaudadores.
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