La fiscalización de la Cuenta Pública 2025 destapó un presunto desvío de 728 mdp a Samuel García y su entorno familiar mediante contratistas oficiales. El titular de la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León (ASENL), Alejandro Reynoso Gil, compareció ante el Congreso de Nuevo León y expuso cómo triangularon dinero de constructoras en Nuevo León hacia el despacho de Samuel García a través de transferencias de proveedores a las cuentas del mandatario estatal.
Hallazgos en la Cuenta Pública 2025 abren investigación por presunto conflicto de interés
Durante su presentación legislativa, el auditor estatal detalló un esquema financiero que involucra directamente a empresas con contratos vigentes en la administración pública. Según los registros oficiales de la ASENL, el dinero público circuló mediante cuatro vías distintas hacia un despacho jurídico y fiscal operado por el padre del mandatario estatal.
Asimismo, el órgano fiscalizador documentó un total de 786 depósitos que suman 1,696.6 millones de pesos en la red financiera revisada. De ese gran total, 968.5 millones de pesos corresponden a diversas operaciones de proveedores gubernamentales que permanecen bajo auditoría por presuntas irregularidades fiscales.
Por otro lado, los hallazgos de la auditoría exponen un patrón sistemático de pagos entre contratistas del gobierno estatal y una firma ligada al círculo familiar del poder ejecutivo. Esta situación abre formalmente una línea de investigación sobre un conflicto de interés y el aprovechamiento de recursos públicos para fines privados de la familia gobernante.

Informe de la ASENL identifica transferencias de constructoras y comercializadoras
El desglose técnico presentado ante los diputados revela el peso específico de cada sector empresarial dentro de las cuatro rutas de triangulación financiera. En primer término, la ruta más caudalosa proviene de una empresa constructora que transfirió 385.3 millones de pesos hacia el despacho señalado.
De igual forma, el reporte oficial indica que compañías comercializadoras y del sector alimenticio enviaron 202.9 millones de pesos a las mismas cuentas. Estas cifras demuestran la participación de múltiples rubros comerciales que mantienen relación contractual directa con las dependencias estatales.
Esquema bajo revisión incluye movimientos de proveedoras de equipamiento y consultoría
Además de los sectores de construcción y alimentos, la auditoría rastreó flujos de capital provenientes de otros giros empresariales vinculados al gobierno. Por un lado, firmas especializadas en servicios y consultoría depositaron 62.9 millones de pesos en el despacho jurídico Firma Jurídica y Fiscal.
Por otra parte, empresas proveedoras de equipamiento gubernamental aportaron otros 77 millones de pesos dentro de este mismo mecanismo financiero. Sumando estos cuatro canales de dispersión, el órgano fiscalizador consolidó el monto específico de 728.1 millones de pesos bajo sospecha de triangulación.
En paralelo, la revisión estatal alcanzó a organismos asistenciales y áreas médicas de la administración pública de Nuevo León. El informe registra envíos por 23.2 millones de pesos mediante contratistas del DIF estatal, además de 74.1 millones de pesos vinculados a una distribuidora de medicamentos oncológicos.

Investigan triangulación en compra de fármacos oncológicos y sobreprecios en el DIF de Nuevo León
De acuerdo con los hallazgos documentados en la investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Isssteleón y la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) habrían participado en una presunta triangulación de 420.6 millones de pesos destinada a la adquisición con sobreprecio de medicamentos contra el cáncer mediante una empresa distribuidora, tras lo cual una firma con el mismo domicilio fiscal transfirió 74.1 millones de pesos a un despacho jurídico fiscal y a compañías vinculadas con Samuel Orlando García Villarreal, medio hermano del gobernador estatal.
A estos señalamientos contra la administración estatal se suman las irregularidades detectadas en el DIF Nuevo León, organismo que pagó 1,953 millones de pesos a una proveedora de alimentos que dispersó el capital entre cinco filiales y transfirió 23.3 millones de pesos en ocho días al mismo despacho jurídico del gobernador.
Asimismo, la investigación de la ASF expone sobrecostos significativos en productos básicos facturados al DIF estatal —como el kilo de chayote en 300 pesos frente a su valor de mercado de 18 pesos, aguacate en 250 pesos, tomate en 200 pesos y cebolla en 180 pesos—, además de pagos de nómina por 3.15 millones de pesos dirigidos a empleados de dicha firma jurídica y de una empresa de cosméticos ligada a Eugenia Rodríguez Cantú. Por la gravedad de estas operaciones en el manejo de los recursos públicos, las denuncias ya fueron turnadas a la Fiscalía de Nuevo León y a la Fiscalía General de la República para deslindar responsabilidades legales.
Registro financiero documenta depósito de 261.4 millones y rendimientos mensuales
La velocidad de las transacciones bancarias llamó la atención de los auditores durante el análisis de los estados de cuenta revisados. En una operación puntual, un proveedor estatal depositó 261.4 millones de pesos en la cuenta del despacho jurídico familiar.
Inmediatamente después, al día siguiente de recibir dicha transferencia, la firma legal envió 262 millones de pesos hacia una sociedad inmobiliaria. Este movimiento financiero evidencia la rapidez con la que los capitales salieron del circuito de proveedores públicos hacia inversiones privadas.
Adicionalmente, el reporte entregado al Congreso de Nuevo León detalla que los fondos acumulados generaron rendimientos financieros por 418.8 millones de pesos. Esta ganancia representa un flujo neto de 7.2 millones de pesos mensuales, elevando el monto total investigado a 2,115.4 millones de pesos, en un contexto donde la Cuenta Pública 2025 cerró con 61 mil millones de pesos en observaciones sin solventar y una denuncia previa de la Auditoría Superior de la Federación ante la FGR.
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