Nuevo León enfrenta una creciente crisis de legalidad electoral. A menos de dos semanas de la elección judicial del 1 de junio, se reveló que el Gobierno del Estado, en coordinación con Movimiento Ciudadano, ha operado sesiones de “adoctrinamiento” durante horarios laborales para instruir a empleados públicos sobre cómo votar a favor de candidatos afines al gobernador Samuel García y a Morena.
En estas reuniones se han distribuido acordeones con los números exactos de aspirantes ligados al oficialismo y a dependencias estatales, en un esquema que, según el INE, viola los principios de neutralidad y uso legal de recursos públicos.
Operan Red Para Imponer Jueces
El Gobierno de Nuevo León, en conjunto con Movimiento Ciudadano, ha montado una estrategia para influir en la elección judicial del 1 de junio mediante la distribución de acordeones oficiales entre empleados estatales. Estos instructivos contienen los números de los candidatos que convienen al Gobernador Samuel García y a la 4T, lo que revela un uso indebido de recursos públicos para favorecer intereses políticos.
Durante sesiones de adiestramiento en horario laboral, los burócratas han recibido paquetes con boletas y acordeones donde se promueve votar por perfiles ligados a Morena, MC y dependencias del Estado. Entre los beneficiados se encuentran nombres como Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz, así como Ulises Carlín, ex Consejero Jurídico del propio Gobernador.
Esta red de adoctrinamiento institucional ha sido replicada también en CDMX y Jalisco, donde empleados públicos son obligados a movilizar votantes. La operación confirma el uso de estructuras gubernamentales para imponer a jueces a modo, en un intento por capturar al Poder Judicial.
El Corrupto Operativo de Samuel García para Manipular el Voto
Desde inicios de mayo, empleados del gobierno estatal han denunciado presiones sistemáticas para entregar credenciales del INE y participar en simulacros de votación. La exigencia: votar por candidatos judiciales ligados a Movimiento Ciudadano. Las amenazas incluyen la no renovación de contratos o despido inmediato.
Instituciones como el Conalep, la UANL y la Universidad Tecnológica de Santa Catarina se han visto involucradas. Trabajadores afirman que deben recolectar hasta 10 credenciales de compañeros y familiares, además de enviar fotografías de su voto, credencial y un código QR personalizado. Esta dinámica permite identificar a cada persona y confirmar su obediencia electoral.
Los simulacros incluyen el uso de boletas falsas, códigos digitales y comprobantes gráficos. Quienes se niegan a participar enfrentan represalias, que van desde el despido hasta la cancelación de futuros contratos. El clima laboral en varias dependencias estatales, como el Canal 28 y el Centro de Información para la Seguridad, se ha vuelto insostenible por el miedo a represalias.
Indira Kempis Señala A Samuel Y A Movimiento Ciudadano
La exsenadora Indira Kempis rompió el silencio con una declaración contundente: “¿Cuándo va a ser el día que despertemos y Samuel, el ladrón narciso de Nuevo León, no haya hecho un desastre?”. A través de redes sociales, criticó duramente el presunto fraude electoral operado desde el gobierno.
Kempis identificó a Miguel Flores Serna y Baltazar Martínez Ríos, como los principales operadores del esquema. Afirmó que se ha montado una logística para obligar a los burócratas a votar por el “juez a modo” de la administración estatal.
Según la activista, el objetivo es garantizar la colocación de perfiles cercanos al gobernador en el Poder Judicial. La estrategia incluye evidencia forzada del voto mediante códigos QR, en un entorno donde quienes se resisten, pierden su empleo o son marginados políticamente.
Samuel Orquesta Fraude Electoral: ¿Un Golpe Mortal a la Democracia En Nuevo León?
Este tipo de manipulación no solo pone en riesgo la integridad de la elección judicial del 1 de junio, sino que podría sentar un peligroso precedente para futuras elecciones en Nuevo León. Si se confirma el fraude, las repercusiones serían graves no solo para los responsables directos, sino para el sistema electoral en su conjunto. Los ciudadanos perderían la confianza en el proceso electoral y las instituciones encargadas de garantizar la transparencia de las votaciones.
La FEDE ha comenzado a recibir denuncias adicionales, pero las investigaciones se complican debido a la naturaleza federal de la elección. Sin embargo, las denuncias siguen creciendo, lo que podría llevar a una revisión exhaustiva de los procedimientos electorales y generar una mayor vigilancia para evitar que este tipo de fraudes se repitan.
La Amenaza de Despido: El Gobierno de Samuel García Censura a Quienes No Participen
Las amenazas de despido se han concretado en la administración de Samuel García. Empleados estatales que se negaron a participar en el operativo electoral y en la recolección de credenciales del INE han comenzado a ser despedidos. En los últimos días, varios trabajadores contratados por honorarios han sido cesados por no cumplir con las órdenes del gobierno estatal. Incluso, en algunas dependencias, se les ha informado que, a partir de junio, no habrá más contratos temporales para aquellos que rechazaron formar parte de este fraude electoral.
En organismos estatales como el Centro de Información para la Seguridad y el Canal 28, se han recibido denuncias similares de coacción. Los empleados aseguran que la situación se ha vuelto insostenible, con un clima de miedo y amenazas constantes por parte de funcionarios de alto nivel.
Los “Simulacros” y la Entrega de Códigos QR: La Prueba Irrefutable del Fraude
Los trabajadores estatales han comenzado a recibir códigos QR personalizados, los cuales deben enviar junto con las fotos de su voto como prueba de que han cumplido con la tarea encomendada. Estos códigos QR permiten identificar específicamente a cada empleado que participó en el operativo. La presión para votar y enviar las pruebas es tan fuerte que los empleados sienten que están “sentenciados” a perder sus empleos si no cumplen con la orden.
“Nos están presionando para votar por los candidatos que nos indiquen, y si no lo hacemos, nos despiden”, declaró uno de los empleados afectados. “Desde inicios de mayo, nos dieron los QRs y ya nos advirtieron que tenemos que tomar las fotos de las boletas con nuestro INE y enviarlas junto con el código. Si no lo hacemos, perderemos nuestro trabajo”.
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