El ajuste en las tarifas del servicio doméstico de Agua y Drenaje (AyD) ha desatado una fuerte ola de inconformidad entre legisladores y sectores ciudadanos, al considerar que la medida es injusta y representa una carga innecesaria para la población. El alza del 2.1% de mayo a junio —muy por encima de la inflación mensual— fue vista como un golpe al bolsillo en medio de una crisis de abasto que sigue sin resolverse en muchas colonias del estado.
Diputados de distintas fracciones coincidieron en que el aumento no puede justificarse bajo ninguna lógica técnica o social, especialmente cuando el servicio sigue presentando fallas graves en amplias zonas de la metrópoli. Además, acusaron que el Gobierno estatal y la paraestatal actúan con indiferencia ante el hartazgo creciente de los ciudadanos.
Exigen frenar abusos de Agua y Drenaje
Uno de los principales cuestionamientos fue el hecho de que se esté cobrando más por un servicio que no mejora. Perla Villarreal, diputada del PRD, calificó como “abusiva” la operación de Agua y Drenaje y acusó que el aumento no se ve reflejado en ningún tipo de beneficio para la población. A su parecer, la medida representa un desequilibrio entre el costo que pagan los hogares y el valor del servicio que reciben.
En tanto, Mario Soto, de Morena, subrayó que esta decisión solo evidencia la lejanía entre el Gobierno del Estado y las necesidades reales de la ciudadanía. “En lugares como García, la gente batalla para tener agua y todavía les suben el recibo. Eso solo genera enojo y desconfianza”, expresó.
exige cambios de fondo en el organismo
La molestia fue aún mayor en la bancada del PAN, donde el coordinador Carlos de la Fuente pidió no solo detener los aumentos, sino también la destitución de Juan Ignacio Barragán, director de AyD. Afirmó que no hay una justificación técnica ni social para el alza, y señaló que el organismo no ha sido capaz de garantizar un servicio eficiente ni transparente.
De la Fuente también reveló que se solicitó formalmente a la Auditoría Superior del Estado una fiscalización profunda del manejo financiero de AyD. A su juicio, la ciudadanía tiene derecho a saber en qué se están utilizando los recursos públicos y si existen irregularidades que expliquen la necesidad de seguir recaudando más a través de las tarifas.
Falta de información alimenta descontento
Desde Movimiento Ciudadano, la diputada local Sandra Pámanes evitó alinearse con las críticas más duras, pero reconoció la falta de claridad en la comunicación oficial sobre el ajuste tarifario. Pidió que el organismo emita un informe detallado que explique las razones del aumento, los objetivos de esos recursos adicionales y cómo se beneficiará a la población.
Esa falta de explicaciones ha alimentado la molestia no solo en el Congreso, sino también en la ciudadanía. En redes sociales y espacios públicos, muchos habitantes han cuestionado por qué deben pagar más cuando siguen enfrentando tandeos, baja presión o cortes constantes sin previo aviso.
El panorama refleja una creciente desconfianza hacia AyD y la administración estatal, que hasta el momento no ha respondido de forma clara ni contundente a los señalamientos. Para los legisladores que han alzado la voz, el mensaje es claro: no se puede pedir más sin dar más.
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