Samuel García y el Uso Político de Acordeones Para Fraude Electoral

A pocos días de que se realicen las elecciones judiciales en México, crece la controversia en Nuevo León por la operación fraudulenta impulsada desde el Gobierno estatal para influir en los resultados. De acuerdo con una investigación de El Norte, el gobernador Samuel García y su equipo estarían utilizando recursos públicos y estructuras gubernamentales para repartir “acordeones” con listas de candidatos seleccionados, e instruir a funcionarios para movilizar votantes a favor de perfiles afines a Movimiento Ciudadano y Morena.

El operativo ha sido denunciado como una forma de coacción del voto. Aunque el uso de listas personales es legal, el involucramiento del aparato gubernamental, las amenazas laborales y la presión estructurada desde las Secretarías estatales han llevado a diversos sectores a señalar que se trata de una intervención ilegítima en el proceso democrático.

Jueces afines a Samuel se imponen en elección judicial

Los resultados preliminares de la elección judicial en Nuevo León indican que la mayoría de los aspirantes promovidos por el Gobierno estatal están a punto de obtener una magistratura. De los 19 nombres incluidos en los llamados “acordeones” —documentos distribuidos entre burócratas con instrucciones de voto—, 18 lideran el conteo en los tres distritos judiciales del estado. Las denuncias previas por presiones internas y el uso de recursos públicos para direccionar el voto han reforzado las críticas al proceso.

Funcionarios estatales entre los punteros

En el Distrito 1, los siete aspirantes ligados al oficialismo encabezan los resultados, entre ellos funcionarios como Cynthia Cristina Leal Garza, Magda Victoria Puente Peña, Roberto Rodríguez Garza y Héctor Rolando Gutiérrez Domínguez. En el Distrito 2, con un 64% del conteo avanzado, también se observa el dominio de perfiles cercanos a Movimiento Ciudadano, algunos de los cuales ya forman parte del Poder Judicial Federal. En el Distrito 3, aunque el conteo fue interrumpido con un 75% de avance, los nombres que lideran son igualmente cercanos a la actual administración.

Cuestionan la autonomía del proceso judicial

Mientras el cómputo para jueces de distrito sigue en sus primeras etapas, ya comienzan a figurar los mismos nombres promovidos por el Ejecutivo. Organizaciones civiles, opositores y analistas han alertado sobre el riesgo de una elección dirigida desde el gobierno estatal. La concentración de poder en los tres distritos judiciales con perfiles alineados al gobernador ha reavivado el debate sobre la autonomía del Poder Judicial y el posible uso del aparato institucional con fines políticos.

Casona Mier, centro de operaciones

Una periodista de El Norte ingresó de forma encubierta a una de las sesiones realizadas en la Casona Mier, sede de Movimiento Ciudadano en el centro de Monterrey. En ese lugar, decorado con la popular frase “Fosfo Fosfo”, se llevan a cabo reuniones donde se instruye a empleados estatales sobre cómo participar en el operativo electoral.

Durante la sesión, la reportera recibió un acordeón con los números de los candidatos que deberán marcarse en la boleta. Estos nombres, según lo observado, son afines al proyecto político de Samuel García y a figuras cercanas a Morena, como parte de una estrategia conjunta para tomar control del Poder Judicial.

En el lugar también se explicó que cada trabajador debe reclutar al menos a 10 personas, entre familiares y amigos, y garantizar que todos voten siguiendo las instrucciones del documento entregado. Esta práctica ha sido denunciada como un mecanismo de acarreo con fines claramente partidistas.

Samuel García presiona el voto

El operativo no se limita a brindar información. Testimonios recopilados por El Norte y otros medios locales indican que empleados estatales han sido presionados por sus superiores para asistir a estas reuniones. En algunos casos, incluso se han reportado amenazas de despido o sanciones administrativas si no cumplen con las tareas asignadas.

Entre las instrucciones, se incluye no solo llevar el acordeón a la casilla, sino también asegurar la asistencia de los reclutados, entregar copias de sus credenciales y dar seguimiento posterior. Todo esto configura una red de control electoral organizada desde el poder estatal.

Además, las tarjetas entregadas contienen códigos QR, que, según se indica, serán utilizados para confirmar que los votantes efectivamente acudieron a las urnas y siguieron las indicaciones del partido. Esto ha generado preocupación por la posible violación del derecho al voto libre y secreto.

INE señala a Gobierno de Samuel García por ilegalidades

Ante la gravedad de los hechos, la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Nuevo León señaló que estas prácticas son inaceptables. Olga Alicia Castro, vocal ejecutiva del INE, declaró que si bien el uso de listas personales es legal, la entrega de acordeones por parte de gobiernos o partidos políticos constituye una falta grave.

El INE recordó que los servidores públicos tienen prohibido participar en actividades que puedan interpretarse como promoción del voto a favor de ciertos candidatos. Más aún, utilizar recursos del Estado para ese fin, como vehículos, edificios públicos o personal, representa una violación directa a la legislación electoral.

La autoridad electoral podría iniciar un procedimiento sancionador si se confirma el uso indebido de recursos públicos o la coacción del voto por parte de funcionarios del Gobierno de Nuevo León.

Samuel García y MC niegan Operativo Acordeón

El Instituto Nacional Electoral (INE) sigue adelante con la investigación sobre el llamado “Operativo Acordeón”, en el que se señala al Gobierno de Nuevo León y al partido Movimiento Ciudadano (MC) por presuntamente haber intentado inducir el voto en la reciente elección judicial mediante presiones a empleados públicos y uso de recursos oficiales.

A pesar de las denuncias, tanto las autoridades estatales como los representantes de MC han negado rotundamente su participación en dicho esquema. Así lo informó Hugo Patlán, director de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, quien aclaró que, aunque los involucrados rechazan cualquier responsabilidad, las indagatorias continúan activas.

Patlán detalló que el INE ha solicitado información sobre los funcionarios mencionados en las denuncias, entre ellos una persona con cargo legislativo. Sin embargo, no se revelaron nombres ni datos específicos. El funcionario también explicó que, debido a la magnitud del caso, se está revisando no solo lo ocurrido en Nuevo León, sino también en otras entidades como la Ciudad de México, donde se reportaron hechos similares.

El caso será eventualmente turnado a la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que será la encargada de determinar si hubo violaciones a la ley electoral y, en su caso, establecer las sanciones correspondientes.

Aunque el gobierno de Samuel García y Movimiento Ciudadano buscan desligarse del escándalo, la investigación del INE continúa, considerando el posible involucramiento de redes más amplias que podrían incluir a partidos, funcionarios y estructuras organizadas para influir en el resultado electoral.

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