El programa de uniformes y tenis escolares implementado por el Gobierno de Nuevo León, presentado como un logro en el Cuarto Informe del mandatario estatal, ha despertado cuestionamientos. Detrás del discurso de apoyo a la educación, los contratos más grandes del programa quedaron en manos de los amigos de Samuel García, específicamente de las empresas Grupo Dos Banderas y Grupo Textilero Cal, ambas ligadas al empresario Enrique Mauricio Arechavaleta Garza.
Contratos Escolares Que Benefician A Amigos De Samuel
Los documentos oficiales de compras públicas muestran que el Gobierno estatal entregó contratos por más de 268.3 millones de pesos a las empresas de Arechavaleta. Estas compañías, prácticamente desconocidas en el ámbito textil antes del actual sexenio, se convirtieron en proveedoras principales del programa escolar impulsado por la administración estatal.
En el caso de Grupo Dos Banderas, la empresa ganó dos licitaciones entre septiembre y noviembre de 2023: una por 59 millones de pesos para el suministro de más de 107 mil pares de tenis, y otra por 61.7 millones para uniformes escolares.
Un año después, Grupo Textilero Cal, del mismo empresario, obtuvo dos contratos más, esta vez por 91.3 millones y 56.3 millones de pesos. La coincidencia entre los montos y los tipos de licitación evidencia una rotación de nombres empresariales que mantiene el control de los contratos dentro del mismo círculo de confianza de los amigos de Samuel García.
El Vínculo Entre Negocios Y Amistad
La conexión entre Enrique Mauricio Arechavaleta Garza y funcionarios del gobierno estatal no es nueva. Fotografías en redes sociales revelan una relación de cercanía con el mandatario y con Daniel Acosta, Secretario de Participación Ciudadana y exsecretario particular del gobernador.
Desde 2014, los tres han compartido reuniones, viajes y eventos personales. En 2018, ambos funcionarios asistieron a la boda civil de Arechavaleta, y publicaciones posteriores muestran al gobernador promoviendo la marca Grupo Dos Banderas, propiedad de su amigo.
Esa relación de confianza parece haber rendido frutos. Los registros fiscales indican que las empresas de Arechavaleta han multiplicado sus ingresos desde el inicio de la administración estatal. En conjunto, Grupo Dos Banderas obtiene el 88 por ciento de sus ingresos del Gobierno, mientras que Grupo Textilero Cal depende en un 84 por ciento del mismo cliente.
Empresas Nuevas, Contratos Grandes Para Amigos De Samuel
El origen y evolución de ambas compañías también genera dudas. Grupo Dos Banderas nació en 2011 bajo otro nombre y con un giro completamente distinto: se dedicaba a servicios de belleza y estética. En 2013 cambió su razón social y se convirtió en una empresa textil, justo cuando su propietario comenzó a vincularse con el grupo político actual.
Por su parte, Grupo Textilero Cal fue fundada en 2021, ya durante el mandato de García. En tan solo un año, obtuvo contratos millonarios con el Estado. Documentos del Registro Público de Comercio muestran que el propio Arechavaleta otorgó poderes de administración a Eliézer Ismael Ávila Peña, representante legal que firma todos los contratos con el Gobierno estatal a nombre de ambas empresas.
El crecimiento tan rápido y el historial limitado de ambas compañías plantean interrogantes sobre los criterios usados para asignar los contratos y sobre la ausencia de competencia real en los procesos de licitación.
Proveedores Rechazados Y Competencia Descalificada
En las licitaciones en las que Grupo Dos Banderas y Grupo Textilero Cal resultaron ganadoras, varias empresas con experiencia fueron descalificadas por supuestos errores administrativos. En algunos casos, las compañías eliminadas eran proveedoras o clientes de las empresas de Arechavaleta, lo que refuerza la sospecha de que existió un proceso diseñado para favorecer a un grupo específico.
Entre las empresas descalificadas figuró Gimosa, con amplia trayectoria en licitaciones públicas, eliminada bajo el argumento de no entregar una carta de aceptación. También participó Evapol Industrial, identificada como proveedora de las firmas de Arechavaleta, pero sin presentar propuesta.
Estos antecedentes ponen en duda la transparencia de los concursos y abren el debate sobre si los programas escolares están siendo utilizados para beneficiar a los amigos de Samuel García en lugar de impulsar una política educativa equitativa y transparente.
Un Programa Público Bajo Sospecha
El programa de uniformes y tenis escolares fue anunciado como un esfuerzo por aliviar los gastos de las familias con hijos en educación básica. Sin embargo, la concentración de contratos en un solo grupo empresarial contradice ese propósito social.
Mientras el gobierno promueve estas acciones como logros de gestión, los registros oficiales muestran un patrón de adjudicaciones dirigidas a empresas sin trayectoria previa en el rubro y con lazos personales con funcionarios del gabinete estatal.
Para especialistas y observadores locales, este tipo de prácticas debilita la confianza en las instituciones y sugiere la existencia de un modelo político donde la lealtad y la amistad pesan más que la transparencia.
El programa, que debía representar una ayuda directa a las familias, hoy se percibe como un reflejo del poder de los amigos de Samuel García, quienes transformaron una política social en una oportunidad de negocio.
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